1.   Introducción

Tras la victoria electoral de Ángel María Villar en las elecciones a la RFEF de 2004 que hemos glosado en otro lugar, el siguiente periodo electoral estuvo marcado por la controversia surgida en torno a la Orden Ministerial ECI/3567/2007, de 4 de diciembre, por la que se regulan los procesos electorales de las federaciones deportivas españolas (BOE nº 294, 8-12-2007), emanada del Ministerio de Educación y Ciencia presidido por Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo y con Jaime Lissavetzky como secretario de Estado para el deporte.

Esta orden ministerial, que en medios periodísticos fue conocida como “decreto anti-Villar”, establecía en su artículo 2.3 que “[…] los procesos electorales para la elección de los citados órganos se realizarán coincidiendo con el año de celebración de los Juegos Olímpicos de Verano, debiendo iniciarse dentro del primer trimestre de dicho año. No obstante, las Federaciones deportivas españolas que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de Verano iniciarán sus procesos electorales dentro de los dos meses siguientes a la finalización de los mismos”. Puesto que la selección española de fútbol no se había clasificado para los Juegos Olímpicos de Pekín, la orden obligaba a que la RFEF celebrara las elecciones antes del verano a pesar de que también en verano estaba prevista la participación en la Eurocopa de Austria y Suiza.

Como es bien sabido, finalmente el proceso electoral tuvo lugar después del verano, tras la definitiva aprobación del reglamento electoral de la RFEF mediante resolución de la Comisión Directiva del CSD de 29 de septiembre de 2008. En todo aquel proceso no resultó innecesaria la intervención de la FIFA, que hubo de recordar que todos sus miembros están estatutariamente obligados a no aceptar injerencias políticas y que el incumplimiento de tales normas podía generar graves consecuencias deportivas.

Terminado aquel episodio, y próxima la convocatoria del siguiente periodo electoral, el día 21 de septiembre de 2011 la Directora General de Deportes del CSD, Matilde García Duarte, emitió una circular en la que comunicaba a todas las federaciones deportivas españolas que los procesos electorales de 2012 se regirían por la misma orden ministerial de 2007, indicando que los reglamentos electorales no tenían por qué ser modificados.

En consecuencia, y de acuerdo con el citado art. 2.3, el proceso electoral de la RFEF debía iniciarse dentro de los dos meses posteriores al final de los Juegos Olímpicos ya que el fútbol español se había clasificado para jugar en Londres 2012. Sin embargo, la Orden ministerial también tenía una disposición final primera, que tanto la RFEF como el CSD interpretaron como habilitante para celebrar las elecciones en el primer trimestre del año de 2012.

2.   La convocatoria de elecciones de 2012

El día 4 de octubre de 2011 la Real Federación Española de Fútbol dirigió una carta al Consejo Superior de Deportes solicitando que, con base en la disposición final primera de la Orden ECI/3567/2007, se autorizara a que las elecciones que correspondía celebrar en el año 2012 se celebraran en el primer trimestre. Esta solicitud no era extravagante, pues ya para el periodo de 2008 el CSD había autorizado cambios en las elecciones a las federaciones de automovilismo, béisbol y softbol, bolos, colombofilia y tenis, y en 2012 también lo autorizaría para natación y baloncesto.

La citada disposición decía literalmente así:

1. Corresponde al Consejo Superior de Deportes la interpretación y desarrollo de la presente Orden, en aquello que sea necesario para su aplicación.
2. Asimismo podrá aprobar, excepcionalmente, y previa solicitud fundada de alguna Federación deportiva española, cambios en alguno de los criterios contenidos en la presente Orden, cuando aprecie la imposibilidad o grave dificultad de su cumplimiento.
3. En todo caso, será preceptivo el informe de la Junta de Garantías Electorales.

El Consejo Superior de Deportes debía valorar, en definitiva, si existía o no “imposibilidad o grave dificultad” para celebrar el periodo electoral en el segundo semestre del año. Para justificar la concurrencia de tal requisito, la RFEF se basaba en los siguientes argumentos:

2012. Actividad competicional amistosa de la Selección española absoluta de fútbol en el periodo 1 de enero de 2012 a 10 de junio de 2012, frente a la actividad competicional oficial de 1 de septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012. En el segundo semestre se iban a jugar cinco partidos de clasificación para el Mundial, mientras que en el primer semestre solo se iban a jugar partidos amistosos.
2013. Renovación de los principales contratos de patrocinio en el periodo 1 e septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012. Dado que los contratos de patrocinio se negocian tras el final de Mundiales y Eurocopas, si al terminar la fase final de la Euro 2012 no hubiera presidente se generaría un perjuicio para la RFEF, que no podría negociar tales contratos.
2014. Planificación deportiva a nivel técnico de la Selección nacional absoluta de fútbol. Dado que el periodo de dos años que hay entre la celebración de una Eurocopa y un Mundial empieza en el mismo momento en que termina la primera, es necesario contar con un presidente que pueda hacer la correspondiente planificación.
2015. Actividad federativa nacional e internacional en el periodo 1 de septiembre de 2012 a 31 de diciembre de 2012. Hay prevista una intensa actividad deportiva en el citado periodo, que no debe coincidir con un periodo electoral. Concretamente el Mundial Sub-20 femenino, el Mundial Sub-17 femenino y el Mundial de fútbol sala.

Solo dos días después de que la RFEF remitiera la carta al CSD se aprobó el RD 1372/2011, de 7 de octubre, en virtud del cual se disponía el cese de Albert Soler, Secretario de Estado-Presidente del CSD. Las elecciones generales se iban a celebrar el 20 de noviembre, por lo que en esa fecha el gobierno estaba en funciones y no podía nombrar nuevo secretario de Estado, de tal modo que la directora general de deportes, Matilde García Duarte ocupó el cargo por suplencia (art. 4.5 del RD 2195/2004).

De acuerdo con la reiteradamente citada disposición final primera de la Orden ECI/3567/2007, la suplente del Presidente del CSD interesó un informe de la Junta de Garantías Electorales de la RFEF, que lo emitió en sentido positivo el 24 de octubre. Dijo así:

“En opinión de esta Junta no existe inconveniente para que, con arreglo a la Orden ECI/3567/2007 de 4 de diciembre, se permita el adelanto de la convocatoria de elecciones para ser celebradas en el primer trimestre de 2012”.

La Junta de Garantías Electorales estaba presidida por Tomás González Cueto (abogado del Estado), y contaba con la vicepresidencia de José Luis Piñar Mañas (catedrático de derecho administrativo). Entre los vocales se encontraba Rafael Catalá Polo, quien años más tarde sería Ministro de Justicia (2014-2018).

Con base en la argumentación esgrimida por la RFEF en su escrito de 5 de octubre, y apoyado en el informe de la Junta de Garantías Electorales, el día 2 de noviembre se dictó el Acuerdo del CSD que autorizó a la celebración de las elecciones en el primer trimestre del año.

Ángel María Villar, de acuerdo con las funciones estatutariamente atribuidas al presidente, convocó elecciones el día 2 de enero de 2012 a la Asamblea General, a la Comisión Delegada y a la Presidencia de la Real Federación Española de Fútbol para su celebración el día 16 de febrero.

Puesto que el Acuerdo del CSD que autorizó al adelanto electoral no fue hecho público, la primera noticia que se tuvo al respecto fue el anuncio del presidente de la RFEF el día 2 de enero, que sorprendió porque era exactamente el planteamiento contrario al que Villar había defendido insistentemente en 2008. Entre los sorprendidos estuvieron aquellos que pretendían presentar una candidatura alternativa, y en concreto Ignacio del Río García de Sola, exconcejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

Las elecciones se celebraron como estaba previsto el día 16 de febrero de 2012, y Ángel María Villar fue proclamado presidente de la RFEF para su séptimo mandato y sin rivales, con 161 votos a favor, 5 en blanco y 1 nulo. Como veremos a continuación, con la intención de ensombrecer la victoria de Villar, el día anterior a las elecciones el sindicato Manos Limpias presentó una querella temeraria por prevaricación.

3.   El control administrativo de las elecciones

Desde que tuvo conocimiento de la convocatoria electoral, Ignacio del Río hizo cuanto estuvo en su mano para impedir la celebración de las elecciones en el primer semestre del año.

En primer lugar, presentó el 25 de enero un recurso de reposición contra el Acuerdo del CSD de 2 de noviembre de 2011 que autorizó el adelanto electoral, que sería desestimado el 22 de febrero de 2012 en virtud de una resolución dictada por el nuevo presidente del CSD, Miguel Cardenal.

Constatando que la resolución del recurso no se dictaría hasta después de las elecciones, Del Río interesó dos días antes de las elecciones (14 de febrero) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión del Acuerdo del CSD de 2 de noviembre y consecuentemente de las elecciones. La Sección Séptima dictó un auto el 15 de febrero por el que rechazó la adopción de tales medidas. Como ya hemos avanzado, ese mismo día 15 de febrero Manos Limpias interpuso la querella.

El Acuerdo del CSD de 2 de noviembre de 2011 y la posterior resolución de 23 de febrero de 2012 fueron objeto de control jurisdiccional, pues tanto la RFEF como Ignacio del Río presentaron contra la misma sendos recursos contenciosos-administrativos. El primero de ellos pretendía que se decretara que el Sr. Del Río no estaba legitimado en el proceso de referencia, y el segundo de ellos que se decretara la nulidad del proceso electoral.

Ambos recursos fueron desestimados. El interpuesto por la RFEF en virtud de la Sentencia de 14 de enero de 2013 dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (ponente Ilmo. Sr. D. Ernesto Mangas González), y el interpuesto por el Sr. Del Río por la Sentencia dictada el mismo día por la misma Sección de la Audiencia Nacional, con ponencia del Ilmo. Sr. José Luis López-Muñiz Goñi.

4.   La denuncia de Manos Limpias

Según hemos adelantado, el día anterior a la celebración de las elecciones de la RFEF (15 de febrero), el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias interpuso una “denuncia criminal” contra Ángel María Villar Llona y Matilde García Duarte por un supuesto “delito continuado de prevaricación” que habrían cometido ambos “al adoptar acuerdos patentemente ilegales en la preparación y convocatoria del proceso electoral”. Aunque la denuncia venía únicamente con la firma del presidente del sindicato, Miguel Bernad Remón, muchos se plantearon en aquellos momentos que la pluma que estaba detrás era la de Javier Tebas.

Tal y como se trasladó a la prensa por parte del Sindicato, en la denuncia se afirmaba que “es obvio que no concurre, ni puede concurrir, ningún tipo de circunstancia o motivo que imposibilitase o dificultara gravemente que el proceso electoral de la RFEF se hubiese iniciado durante los meses de septiembre y octubre (dentro del plazo de los dos meses tras finalizar los Juegos Olímpicos), conforme dispone la Orden”. Igualmente se añadía que la Federación trató de que la convocatoria electoral “pasara lo más desapercibida posible y, naturalmente, sin darle la publicidad y la transparencia que tal convocatoria requería. […] Naturalmente, mediante esta irregular manera de proceder, manifiestamente clandestina, ha tratado de impedir un verdadero y democrático proceso electoral, con la debida participación y concurrencia de candidatos en pie de igualdad, así como evitar reclamaciones e impugnaciones por parte de los estamentos de la Federación”.

Por último, Manos Limpias subrayaba que la Directora General de Deportes del CSD autorizó el adelanto electoral “cuando ya conocía perfectamente que iba a dejar su cargo de forma inminente. De hecho, durante el propio mes de diciembre de 2011 o nada más iniciado el mes de enero de 2012 cesó en su cargo como Directora General de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD)”.

La denuncia fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid, y su titular el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Toro Peña llamó a declarar a Ángel Villar y a Matilde García el día 24 de febrero de 2012.

La instrucción de la causa fue corta, pues el 16 de marzo de 2012 se dictó auto de sobreseimiento libre, resolución que refleja la certidumbre judicial de que no se había cometido delito alguno. Se expresaba el auto en estos términos:

En su consecuencia, no se observa que se haya omitido requisito legal alguno con su conducta, ya que estaba bajo la Junta de Garantías Electorales. Que de la declaración que presta Tomás González Cueto se acredita el cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos para el caso, así como el cumplimiento de los exigidos en las normas administrativas. Considera suficiente la petición formulada por la Real Federación Española de Fútbol, existe transparencia y por tanto no existe dato objetivo o subjetivo de ilícito de índole penal respecto de la conducta de Ángel María Villar Llona, por lo que conforme establece el art. 641.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede acordar el sobreseimiento libre y por tanto el archivo de la presente causa por no ser los hechos denunciados constitutivos de ilícito penal alguno respecto a Ángel María Villar Llona.

Como era de esperar, Manos Limpias recurrió en reforma, que fue resuelta mediante un auto desestimatorio de 23 de mayo de 2012. La subsidiaria apelación recayó en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, que puso fin definitivo a esta causa en virtud del Auto 268/2013, de 5 de abril (ponente Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Serrano Gassent).

5.   Temeridad de la defensa de Manos Limpias

No es una opinión personal de quien escribe el que la actuación procesal de Manos Limpias fuera temeraria, sino que fue la calificación que le dio el citado Auto 268/2013, de 5 de abril, quien consideró que la misma denuncia ya fue temeraria. Aun a riesgo de resultar demasiado exhaustivos, conviene reproducir íntegramente los párrafos que la Sala dedica a justificar la temeridad y la consecuente condena en costas. Dice así:

Considera este Tribunal que cabe apreciar temeridad en la parte apelante desde el inicio de las actuaciones. Entiende esta Sala que la denuncia interpuesta era temeraria, pues del contenido de la misma se desprende que el denunciante no estaba conforme con el adelante del proceso electoral de la Federación Española de Futbol, pero no expone con claridad cuál es la ilegalidad “evidente, patente, flagrante y clamorosa” cometida y que pudiera constituir un delito de prevaricación, pues se limita a señalar que la convocatoria electoral era ilegal por contravenir frontalmente lo dispuesto en la Orden ECI/3567/2007,de 4 de Diciembre, y que en la misma se han cometido varias irregularidades. Si la parte apelante consideraba que la actuación administrativa no se ajustaba a la legalidad y contenía alguna irregularidad, debió acudir a la Jurisdicción adecuada para la revisión de los actos administrativos, que no es otra que la Contenciosa Administrativa.

Y también es temeraria la actuación posterior de la ahora apelante, pues a la semana de interponer la denuncia el Secretario de Estado del Deporte dictó resolución el 22-02-2012 desestimando el recurso interpuesto contra la resolución del Consejo Superior de Deportes de fecha 02-11-2011, y el mismo día de interposición de la denuncia, la Audiencia Nacional, Sección 7, dictó auto de fecha 15-02-2012 denegando la solicitud de medidas cautelarísimas pretendidas. Conocidas estas dos resoluciones era evidente que la pretensión de la parte no podía prosperar, pues el Secretario de Estado del Deporte consideró que la resolución de fecha 02-11-2011 del Consejo Superior de Deportes autorizando la celebración de las elecciones se ajustaba a derecho, y la Audiencia Nacional, Sección 7, dictó auto de fecha 15-02-2012 denegando la solicitud de medidas cautelarísimas, y permitió la celebración del proceso electoral, por lo que no podía sostenerse la existencia de una “ilegalidad evidente, patente, flagrante y clamorosa”, y a pesar de ello la parte denunciante mantuvo el ejercicio de la acción penal.

A lo expuesto debe añadirse que una vez practicadas las diligencias mínimas, especialmente de naturaleza documental (aportación de los expedientes administrativos), por el Instructor se dictó una amplia y motivada resolución acordando el sobreseimiento libre, por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito. Y pesar de la claridad y contundencia de este auto, la parte denunciante, de manera claramente temeraria, interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación, sabiendo que la pretensión no podía prosperar. Y a mayor abundamiento, introdujo de manera sorpresiva hechos nuevos y un nuevo delito de falsedad, que no habían sido objeto de denuncia, y ello sin la menor base y sin concretar el delito, que imputa sin mayor fundamento y de manera temeraria.

Y de todo lo expuesto sólo cabe concluir la procedencia de la imposición a la parte apelante de las costas procesales de esta segunda instancia por ser su actuación procesal claramente temeraria.

6.   Conclusiones

A la vista de la resolución de la Audiencia Provincial, difícil será encontrar un caso más claro en el que el derecho penal se utilizó únicamente como mero instrumento para perjudicar a Ángel María Villar, precisamente el día anterior a la celebración de las elecciones. Si como se planteó en su momento, quien estaba detrás de la denuncia era Javier Tebas, la realidad toma un cariz de lo más interesante.

Por otro lado, si analizamos las fechas de este procedimiento penal en relación con el anterior interpuesto en el Juzgado de Instrucción 47, los datos son de particular interés. Pues esta querella de Manos Limpias se interpuso antes de que la Audiencia Provincial resolviera el recurso de apelación interpuesto por Javier Tebas contra el sobreseimiento, de tal modo que ambos procedimientos se solaparon parcialmente en el tiempo.

Si bien este proceso penal apenas tuvo trascendencia dada la flagrante ausencia de contenido incriminatorio, lo cierto es que su estudio no carece de interés. No solo porque se constata el permanente interés de que Ángel María Villar llevara a cabo su acción presidencial mediante la permanente amenaza penal, sino también porque lo ocurrido puede fácilmente interpretarse retrospectivamente a la luz de los hechos ocurridos en el mes de julio de 2017.

José Antonio Rodríguez García

Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado

Universidad Rey Juan Carlos

La libertad y la tolerancia religiosa en el origen del fútbol en España.

1. Introducción.

La presencia de británicos (ingleses y escoceses) en nuestro país fue el hecho que dio lugar al origen del fútbol en España (Masià, 2011) y que lo trajeron de su país de origen. Este artículo pretende confirmar que dicho origen tuvo relación directa con el reconocimiento de la libertad y tolerancia religiosa en España. La presencia de británicos en las tierras de España se debió, principalmente, a las explotaciones mineras, al proceso de industrialización, a la construcción de líneas ferroviarias y a las explotaciones agrícolas, especialmente vitivinícolas, vinculadas al sherry como ejemplo más ilustrativo. Los asentamientos británicos, que incluso se constituyeron en auténticas colonias, se dieron en un período histórico que coinciden con el reconocimiento de la libertad religiosa, por primera vez en España. Este hecho facilitó que los creyentes británicos, anglicanos y presbiterianos, pudieran practicar su culto en España. Con otras palabras, este artículo pretende determinar si el “juego inglés” (siguiendo el título de la serie de Netflix) y, la consiguiente, creación de clubs de fútbol en España vino de la mano no solamente de la industrialización sino también de que los británicos no católicos pudieran ejercer su culto con una mayor tolerancia religiosa.

Conviene recordar en esta introducción que ya escribía Ramón Salas (1821, pp. 175-176), que una de las razones del retraso industrial y comercial de España era la falta de tolerancia religiosa. Hecho que retraía e impedía que los extranjeros no católicos se establecieran e invirtieran en España. En concreto, este autor, decía:

“Se teme que la libertad de culto produzca controversias, disputas y altercados que alteren la tranquilidad pública, pero una experiencia tan general como la que tenemos de lo contrario, ha debido desvanecer este temor. No conozco un pueblo en que hoy esté autorizada la libertad religiosa, sino de derecho, á lo menos de hecho, que para el efecto de que tratamos es lo mismo […] Digamos la verdad con franqueza, pues que ya es lícito decirla en España: este artículo 12 ¿no podría ser reemplazado por otro que dijese sencillamente: todos los cultos gozarán en España de una igual libertad y protección? Yo copiaría esto de la Constitución francesa; pero no copiaría del mismo modo la declaración que se hace en seguida de que la religión católica apostólica romana es la religión del estado; porque ¿qué quiere decir esto? ¿que la religión católica es la del rey? El rey no es el estado. ¿Que la religión católica es la religión del mayor número de los individuos que compone la nación? Esto, que es cierto hoy, puede ser falso mañana; porque de un día a otros muchos católicos pueden hacerse protestantes, supuesta la libertad de conciencia. El estado, ente moral que no existe en abstracto, no tiene religión y cada individuo podrá elegir la que sea conforme a su conciencia, supuesta la libertad de cultos […] Parece que en España había una razón más que en otros pueblos para establecer la tolerancia religiosa, que es la escasa población del país, y lo atrasada que en él está la industria. En estas circunstancias una política racional y bienhechora exige que se tomen todas las medidas oportunas para atraer a los extranjeros, y éstos no irían a establecerse en un país donde no se les permite el culto libre de su religión, y están expuestos a todos los males que siempre resultan de la intolerancia de una religión protegida exclusivamente por las leyes, por los magistrados y por la fuerza pública. Los extranjeros no católicos por su desgracia huirían de un país que ha sido famoso en el mundo por los horrores de su inquisición”.  

Idea que reitera más adelante, entre otros, Adolfo de Castro y Rossi (1852, p. 158):

“sin libertad política, sin libertad de imprenta, sin libertad religiosa y sin libertad de comercio, ¿qué suerte había de tener España, fuera de la más lamentable prestación intelectual y de la más desdichada ruina, así de su riqueza como de su poderío marítimo y terrestre?”.

Esta corriente de opinión sobre los perjuicios que ocasionaba para la economía española la intolerancia religiosa fue recepcionada por Cánovas del Castillo para defender el artículo 11 de la Constitución de 1876 que reconocía la tolerancia religiosa, como veremos más adelante (Álvarez Junco, 2002, p. 440).

En cambio, los extranjeros católicos se podían establecer con mayor facilidad en España como, por ejemplo, el rey Carlos III promulga, en 1767, un fuero de repoblación recogido en la Real Cédula de “Su Magestad y Señores de su Consejo, de 5 de julio de 1767, que contiene la Instrucción, y fuero de población, que se debe observar en las que se formen de nuevo en la Sierramorena con naturales y estrageros católicos” (Novísima Recopilación 7ª, XXII, III). Para que esta repoblación tuviera resultados se hizo venir a 6000 colonos alemanes y flamencos a Sierra Morena, que sean de religión católica para preservar la unidad religiosa. También, otro ejemplo, son los católicos ingleses que se instalan en el siglo XVI en Jerez y se dedican a la explotación y comercio del sherry (Flores Watson).

La estructura de este artículo se divide en una primera parte dedicada a recopilar los datos sobre el origen del fútbol en España. La segunda parte, una vez concretado a través de una horquilla histórica los años que abarcar el inicio de los primeros partidos de fútbol y la creación de los primeros clubs de fútbol en territorio nacional, describir la normativa jurídica sobre la libertad y la tolerancia religiosa y determinar si dicha normativa facilitó, o perjudicó, el establecimiento de los británicos no católicos en España. Para esta comprobación habrá que comparar este período histórico con los períodos históricos anteriores; es decir, observar si los británicos no católicos podrían asentarse libremente en España y, en consecuencia, si podían libremente desarrollar sus actividades comerciales e industriales.

2. El origen del fútbol en España: breve aproximación.

Una advertencia previa es que este apartado no pretende resolver una serie de dudas históricas sobre el origen del fútbol en España, solamente se da cuenta de diferentes aportaciones sobre este tema.

Se debe partir de la pregunta ¿qué es fútbol? Para responder a esta pregunta tomamos como referencia las primeras reglas que se establecen para diferenciar este deporte de otros y, que no solamente sea un deporte de dar patadas a un balón o, bien que se emplee la palabra “football”. Estas reglas se inician con las reglas de Cambridge (1848-1856) (Bravo Mayor, 2009) y las reglas de Sheffield (1857). Estas últimas reglas permitieron la creación del primer club de fútbol (Sheffield Football Club). Estas primeras reglas se consolidan con las reglas de la Football Association. Asociación creada en el año 1863. Para un jurista lo importante son las reglas y los códigos; es decir, las normas reguladoras. Además, esta Football Association surge con la intención clara de diferenciar este deporte (Football Association) de otros códigos de fútbol que no se diferenciaban del actual rugby (Rugby Association). Otros datos históricos son los siguientes:

• en 1871, se juega la Cup (Copa de Inglaterra);
• en 1876, se crea en Londres la International Football Association Board;
• en 1888, 12 clubes fundan la Football League. Muchos clubes ingleses surgen en torno a las parroquias de la Iglesia anglicana como por ejemplo el Aston Villa (Premier Christianity Review, 2014). Otros clubes se fundan en torno a las empresas siderúrgicas, como el West Ham, o empleados del ferrocarril, como el Manchester United.
• en 1904 se funda la FIFA en Paris constituida por las selecciones de Francia, España, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suecia (Paredes Ortiz, 2007).

Estos breves datos históricos nos sirven para enmarcar el período histórico que se va a analizar, si bien no desconocemos que puedan existir algunos antecedentes del fútbol en España (Arrechea, 2019), no obstante, las primeras referencias periodísticas se sitúan entre 1866 y 1870.

La pregunta es: ¿cómo entra el fútbol en España? Si bien todas las informaciones parecen confirmar que se debe a los británicos, existe alguna confusión del lugar dónde se dieron las primeras patadas a un balón que pudiera ser fútbol y no un antecedente del fútbol o, del fútbol “a porrazos” o, simplemente, rugby. Se ha indicado que la primera referencia gráfica aparece en la revista valenciana Panorama en 1868 y, la segunda, se encontraría en el diario El Progreso, de 1 de noviembre de 1870, de Jerez de la Frontera (Masià, 2011).

La Leyes de Bases de 1868 y de 19 de octubre de 1869, sobre explotaciones mineras, impulsaron la inversión extranjera; en especial, la británica. Como venimos apuntado está inversión británica fue favorecida por el reconocimiento de la libertad religiosa en la Constitución de 1869, como se comprobará en el siguiente apartado.

Se ha situado la cuna del fútbol español en la provincia de Huelva. Se ha indicado que en el 1866 se dan las primeras patadas a un balón en Tharsis (Huelva) (Carvajal Quirós, 2004). En 1866, las antiguas minas de Tharsis y la Zarza pasan a manos de Tharsis Sulplur and Copper Company Ltd., que se convertiría en la mayor compañía minera del mundo (Areces, 2013).

Por su parte, se establece en Río Tinto una comunidad escocesa, en 1873, con la llegada de la Rio Tinto Company Ltd. (Cruz, 2014). Esta compañía se instala gracias a la compra de las minas, en 1873, por un importe de 94.000.000 pesetas al gobierno de la I República Española. Esta venta salvaba de la bancarrota a la I República (López Pérez, 2020). Al hilo de esta compra se ha indicado que en las marismas cercanas al río Odiel (Huelva) se organizaron los primeros partidos de fútbol por un grupo de ingleses llegados del pueblo onubense de Río Tinto. El grupo estaba encabezado por Hugo Mathenson que se estableció para comprar minas y fundó la Rio Tinto Company Limited (Chilla, 2020).

Otros datos sobre el fútbol en la provincia onubense son los siguientes:

• Se ha afirmado que el 10 de septiembre de 1874 se disputó el primer partido en Huelva. Escribe Adams: “Fuimos a Huelva el miércoles, jugamos al fútbol una hora contra unos “railmen””. Mac Millan dice que no había fútbol en España en 1880. Macmillan era un empleado de Minas de Riotinto, y decía en una entrevista en 1933: “Vine a España en 1880 … No, no había fútbol en España entonces, puedo asegurarlo. El primer grupo que se formó lo creó un compañero del trabajo, llamado Crozier. Era en el año 81”. Y añade: “Jugábamos contra otro equipo que se formaba en Huelva compuesto por residentes ingleses de allí, y otros que venían de Tharsis y otras minas” (López Pérez, 2020).
• En 1878, se crearon el Rio Tinto English Club y el Rio Tinto Foot-ball Club. Este es el primer club, en 1886, que acoge en España el Reglamento de la International Foot-ball Association Board.
• Según la página web sobre la Historia del Tharsis FC, se dice que se tiene constancia que el origen del fútbol en la provincia de Huelva se da con la llegada de una gran colonia inglesa a las explotaciones mineras como Rio Tinto y Minas de Tharsis, sobre 1878.
• La comunidad inglesa de Huelva funda el Huelva Recreation Club, en 1889. El presidente del club fue el escoces Charles W. Adams que dirigía la Huelva Gas Company Limited. Es un lugar común, determinar que el equipo de fútbol más antiguo, en España, es el Recreativo de Huelva, fundado en 1889, por aficionados ingleses y algún onubense (Melcón y Vidal, 1973, p. 77; Belmonte, 2009).

También, la aparición del fútbol, en otras tierras de España, viene de la mano de los británicos. Citamos:

• Existen alguna alusión de que la comunidad británica de Jerez de la Frontera, que se dedicaban al comercio del sherry, practicaba el football. En concreto, la referencia periodística de 1870 y, en ese mismo año, se constituye la primera sociedad deportiva en jugar al fútbol: Jerez Cricket Club. Si bien el primer equipo oficial en Jerez no aparece hasta 1889. No obstante, hasta 1911 no se funda la Sociedad Jerez Football Club, y lo hace el trabajador Thomas Spense de la bodega Williams & Humbert (Alba, 2106 y 2018; Chilla, 2020).
• La comunidad británica de Sevilla, en 1890, funda el Sevilla Foot-ball Club (Arrechea, 2013, b), cuyo primer presidente será Edward Farquharson Jhonston, vicecónsul británico en Sevilla y delegado de la naviera McAndrews. El primer partido de fútbol (“The first foot-ball match in Spain”) se disputa el 17 de marzo de 1890 entre el Sevilla y el Huelva (InfoGibraltar, 2013). Si bien existen matices sobre este asunto (Arrechea, 2013a).
• El fútbol llega a Algeciras en tren, de la mano de los ingleses que trabajaban en la construcción del ferrocarril Algeciras-Bobadilla a finales del siglo XIX (InfoGibraltar, 2013).
• El fútbol llegó a Málaga a través de los ciudadanos británicos establecidos en la ciudad con fines comerciales (InfoGibraltar, 2013).
• Bilbao era sede de importantes navieras que tienen participación anglo-bilbaína. La conectividad con Newcastle, Southampton y Portsmouth es frecuente, así como con Liverpool, reforzándose la relación con los británicos a través de la siderurgia, en concreto, la construcción de los astilleros del Nervión, sobre 1892. Si bien hay noticias de que en Bilbao se disputaron partidos de fútbol entre tripulaciones británicas en 1889 (InfoGibraltar, 2013).
• En Vigo se instala la Eastern Telegraph Company Ltd., en 1873, un consorcio británico que tenía como misión unir telegráficamente mediante el tendido de cable submarino la localidad de Porthcurno, situada en el extremo suroeste de la costa de Inglaterra, con Vigo y desde aquí con Lisboa. Los británicos traen su propia flota y sus técnicos, estableciéndose en la localidad y formando una pequeña colonia que poco a poco irá creciendo, convirtiéndose en todo un símbolo vigués (InfoGibraltar, 2013). El Exiles Cable Club fue una sociedad fundada en Vigo, en 1873 por trabajadores ingleses que trabajaban en la compañía antes mencionada (Rodríguez, 2012).
• En relación con Galicia, una noticia establece que el primer municipio donde se jugó al fútbol en España fue Villagarcía de Arosa en junio de 1873, aunque parece que nos encontramos ante una “fake new”. Todo se basaba en una noticia localizada por un coleccionista local llamado Francisco Fernández “Farruco” del que se afirmaba: “posee un ejemplar de la revista Eco Republicano de Compostela, fechado el 16 de Junio de 1873, donde se recoge que los marineros del buque inglés ‘Go-Go’, atracado en el puerto de Vilagarcía, disputan una bola que llaman balón y que dirigen con los pies. Es un deporte recientemente nacido en Inglaterra, que según ellos denominan football, y que comienza a causar furor en Europa”. Posteriormente se demostró que nunca había existido una publicación en Santiago de Compostela llamada Eco Republicano (Moreno Bolaños, 2007).
• En Madrid, se discute si la fundación, en 1879, de la sociedad Cricket and Football por varios ciudadanos ingleses, residentes en Madrid, junto a españoles, especialmente de la clase alta, dio lugar al inicio de la práctica del fútbol en la capital española (Arrechea, 2013 c) pero se ha afirmado que a pesar del nombre de esta sociedad no llegó nunca a jugar al fútbol. (Bravo y Martínez, 2013).

Además de estos datos hay que añadir dos breves apuntes. Primero, los barrios residenciales británicos se constituyen como verdaderas ciudadelas o colonias que contaban con club social, zona deportiva (donde se incluía el campo de fútbol) e iglesia o capilla, bien de la religión anglicana o presbiteriana, como la capilla presbiteriana de Bellavista en las Minas de Rio Tinto (Maurín Álvarez, 2016; Santofimia y Manzano, 2012). Otro ejemplo es el «Seamen´s Institute” que incluía un templo, dos escuelas y habitaciones para dar cobijo y techo a estos marineros (Belmonte, 2009). Segundo apunte, los cónsules o vicecónsules suelen ser los presidentes de los clubs de fútbol, como el caso del Sevilla, como hemos indicado más arriba.

Mención aparte en este apartado merece el fútbol en Cataluña, y especialmente, la fundación del Barcelona FC, debido al papel que pudieran jugar las creencias religiosas de su fundador, el suizo Hans Max Gamper, de religión protestante.

En Barcelona, se inició la práctica del fútbol sobre 1890 cuando obreros y técnicos británicos que trabajaban en la industria textil jugaban en el velódromo de Bonanova o en las explanadas de Sant Gervasi (Aranda, 2019). Si bien se ha recogido que el fútbol llegó, a Barcelona, a través de la colonia inglesa y que las primeras noticias se sitúan en 1875. En concreto: “Sabido es que los ingleses son idólatras por sus juegos nacionales, y que allí a donde un hijo de Albión o una colonia inglesa se implanta contribuyen, aunque para ello hagan esfuerzos a fomentar el sport en todas sus varias manifestaciones. Ya hace algún tiempo en Barcelona, unos cuantos entusiastas jóvenes ingleses, organizaron todos los días de fiesta partidas del clásico y dificilísimo foot-ball en el hipódromo de esta ciudad, contando con la valiosa colaboración de otros sportsmen españoles, en su mayoría socios de los reales clubs de regatas de la localidad. Afortunadamente la animación a este juego va en auge, y sería muy sensible que por apatía o falta de voluntad –defectos de que por desgracia adolecemos mal todos los españoles–, no se continuará dando impulso vigoroso a dicho juego, que tan beneficiosos resultados produce en el sistema muscular y en la agilidad de nuestro cuerpo, a poco que practique uno sus múltiples detalles, de ritual imprescindible en el foot-ball inglés.” (Arrechea, 2015).

En Cataluña hay que mencionar al Torelló Football Association que era un club de Sant Vicenç de Torelló (Osona) surgido de la Colonia Borgonyà de la empresa escocesa de hilaturas J & P Coats Ltd. Esta colonia contaba con su iglesia (en este caso católica (Morera, 1996) y con su campo de fútbol. En 1895 disputó un partido contra el Barcelona FA. También de esta fábrica surge el club denominado Escoces Football Club formado por escoceses trabajadores de esta fábrica de hilaturas (Arranz, 2014).

En 1877 vivían en Barcelona 370 británicos y en 1900 unos 600 y había unos 1200 protestantes. Existían británicos de diferentes religiones que practicaban el fútbol: la comunidad metodista que está vinculada con el primer equipo de fútbol, de Barcelona, en 1892, (Arrechea, 2015; Rodes, 2000, p. 13-30; Rodes, 2001, pp. 20-23, 27, 259), la comunidad presbiteriana además de la anglicana (Aranda, 2019). Siguiendo a Arrechea (2015) los componentes del “Primer” FC Barcelona (1894-1896) son mayoritariamente británicos y el cónsul de Gran Bretaña en Barcelona, Mr. William Wyndham, será el presidente.

La fundación del Barcelona FC se debe al suizo Hans Max Gamper que llega a Barcelona en 1898. Intenta fundar un equipo de fútbol y para ello contacta con Jaime Vila que rechaza unirse a él por su condición de protestante. La fundación del Barcelona FC se trata de una discriminación religiosa (Rodes, 2000, 2001, p. 25). En el club fundado por Vila (Catalá FC) sí había extranjeros, escoceses, pero católicos (McFarland, 2013; Arrechea, 2015).

En diciembre de 1899, el Barcelona se fusiona con el “Equipo Inglés” formado por jóvenes provenientes de la Iglesia metodista (Rodes, 2001, pp. 25-26). En total, 36 compañeros de Gamper, de religión evangélica o protestante, fundan el Barcelona F.C. (Rodes, 2001, pp. 65-66).

Un último apunte para determinar este período histórico, aunque sea brevemente, debemos tratar un debate jurídico sobre la fecha de constitución o fundación de los clubs en España. El Decreto de 20 de noviembre de 1968 y la Constitución de 1869 reconocen por primera vez el derecho de asociación. No obstante, este derecho es recortado por la Circular de febrero de 1875, donde se establecía que las asociaciones recreativas se sometían a un régimen de autorización previa del gobernador o la autoridad local para ser reconocidas como tales (Rojas, 2020, p. 36). Posteriormente, todos los clubs quedaban sometidos a la Ley de Asociaciones de 1887 y a su desarrollo reglamentario: Real Decreto de 19 de septiembre de 1901 y Real Orden Circular de 10 de abril de 1902. Como hemos indicado en este apartado la fundación de los clubs de fútbol se debe a la presencia de extranjeros en España, especialmente ingleses. Como se ha descrito (Franco, 2013), Murray Forde, publicaba un artículo en 1880 titulado: “How to Form a Football Club, And How to Ensure Its Success”, donde se recogía un formulario para la creación de un club de fútbol. Básicamente era elegir un nombre, una equipación, la aprobación sobre qué reglamento se sometían (“That this club plays according to the laws of the game, as laid down by the Football Association”) y la designación de una directiva. Seguramente, los británicos no se les pasaba por la cabeza registrar dicho club en un registro español. De ahí, que el artículo 3 del Real Decreto de 1901 recordase esa obligación y el artículo 3 de la Real Orden Circular de 1902 insistía en que las asociaciones creadas por extranjeros, o donde participan, quedaban sometidas a la Ley de 1887. La importancia jurídica de determinar si la inscripción tiene valor declarativo o constitutivo en relación con la adquisición de la personalidad jurídica de las asociaciones tiene su importancia para determinar la antigüedad de los clubs de fútbol (desde el plano jurídico), pero no tanto para el objeto de estudio de este artículo. Otra cuestión es determinar también si jurídicamente los clubs de fútbol son sociedades civiles sometidas al Código Civil, y en función, de esa consideración establecer que puedan tener personalidad jurídica como sociedad civil antes de su inscripción en el registro de asociaciones (Franco, 2016). En todo caso, se ha considerado que las asociaciones nacidas al amparo de esta Ley de 1887 que la inscripción tenía un carácter declarativo, pero no constitutivo de la personalidad jurídica como indica el profesor de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED, D. Pelayo (2007a p. 39, 2007b) y partiendo de esta doctrina, Franco (2016) lo constata en relación con los clubs de fútbol. Determinando que una es la fecha de fundación que sería la fecha que determinaría la adquisición de personalidad jurídica y otra la fecha de constitución que se determina por la inscripción como asociación (Franco, 2016). Eso si se entiende que los clubs de fútbol son sociedades particulares, es decir, que se hubieran constituido como sociedades civiles sometidas al Código civil pero la realidad es que los clubs son conscientes de que a pesar de que algunos estatutos recojan que se constituyen como sociedades de aficionados al deporte del football son conscientes que se someten a la Ley de asociaciones de 1887. Es decir, que si fueran realmente sociedades sociales no tendrían que registrarse en el Registro de Asociaciones, se estaría vulnerando su autonomía de la voluntad (Pantaleón, 1993, p. 46). Como establecía el propio artículo 1 de esta Ley de 1887 la diferencia entre sociedad civil y asociación respondía al criterio del ánimo de lucro o ganancia (Rojas, 2020, p. 87) y además como se ha confirmado las sociedades civiles no tienen que registrarse. Se ha insistido en la expresión “las asociaciones ya existentes” del Real Decreto de 1901, para considerar que ya tenían personalidad jurídicamente, no obstante, el legislador se estaba dirigiendo especialmente a las asociaciones católicas que no se habían inscrito, como reafirma la Real Orden Circular de 1902. Sin embargo, esta opinión de Franco sobre el momento de adquisición de personalidad jurídica por parte de los clubs de fútbol se puede poner en entredicho pues se ha afirmado que las asociaciones no inscritas no tendrían personalidad jurídica serían simplemente entidades en formación, no habían nacido jurídicamente hablando; es decir, los pactos fundacionales simplemente serían actos preparatorios (Rojas, 2020, pp. 106-110 y pp. 58-61). En todo caso, finalmente, los clubs de fútbol se someten a la inscripción en el Registro de Asociaciones, seguramente, con el objetivo de poder participar en el Campeonato de España, que se inicia en 1902, pues se exigía que los clubs estuviesen “legalmente constituidos”. Frase que aparecía en las bases para participar en dicho Campeonato en la edición de 1903 (Franco, 2016). Conviene recordar que el Código civil habla de “válidamente constituidas”; es decir, “ciertamente si se cumplen los requisitos, y se superan los controles administrativos, así “válidamente constituidas”, tienen personalidad jurídica” (De Salas, 1998, p. 307). Seguramente esta cuestión de sumo interés jurídico necesita de un trabajo específico y más profundo. Solamente aquí se apuntan una primeras hipótesis.

En fin, este apartado ha pretendido confirmar dos cuestiones importantes. Primera, los inicios del fútbol en España se sitúan en una horquilla temporal que parte, aproximadamente, del sexenio liberal (1868-1874) y que se consolida durante el último tercio del siglo XIX e inicios del siglo XX. Segunda, que dicho origen viene de la mano de la presencia de británicos, especialmente ingleses en España. Se puede afirmar que son los británicos los que expanden el fútbol por todo el mundo, incluida España.

3. Intolerancia, tolerancia y libertad religiosa

• Desde los Reyes católicos, la historia de España viene marcada por la intolerancia religiosa. El principio del cuius religio, eius religio marca la expulsión de judíos y de musulmanes, la vigilancia de los conversos y la persecución de los herejes durante los siglos XVI a XIX. Esta situación de intolerancia continua hasta el siglo XIX. El siglo XIX español es el siglo de las continuas promulgaciones de constituciones, fruto de los vaivenes pendulares entre gobiernos conservadores y progresistas. El siglo XIX está marcado por el principio de unidad nacional que se fundamenta en la unidad religiosa; por tal motivo lo importante, incluso en los períodos liberales, no será el reconocimiento de la libertad religiosa sino el control político de la Iglesia católica a través de las instituciones regalistas (Llamazares, 2011, pp. 106-111, pp. 116-119; Rodríguez García, 2015, pp. 61-72).

Es necesario, realizar un breve apunte de los antecedentes constitucionales anteriores al período histórico del origen del fútbol en España y del reconocimiento de la libertad religiosa en la Constitución de 1869. El primer texto constitucional en España es la Constitución de Cádiz, aunque en 1808 se promulgó el Estatuto de Bayona que no es, formalmente, una Constitución sino una Carta otorgada. El principio de confesionalidad católica intolerante que recoge el artículo 1 de este Estatuto había sido una condición impuesta por Carlos IV para renunciar al trono español en favor de Napoleón. La Constitución de 1812. El artículo 12 disponía: “La religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”. Este artículo reconocía el principio de confesionalidad doctrinal católica, absolutamente intolerante. Sorprende que esta primera constitución liberal no reconozca la libertad religiosa, pero es que tampoco reconoce la tolerancia religiosa.  Los liberales estaban más preocupados por el control político de la Iglesia católica a través de las instituciones regalistas, que recoge la Constitución, que en la defensa de una minoría (que de existir) sería insignificante. Esta Constitución reconoce la libertad de imprenta en el artículo 371, copiando literalmente lo dispuesto en el Decreto de 1810. Dicho reconocimiento se restringe sólo a las ideas políticas pues la única censura que se conserva es la de los escritos sobre materia religiosa, que se encomienda a los Ordinarios. Esto traerá como consecuencia la promulgación, en 1813, del Decreto de abolición del Tribunal de la Inquisición. La Constitución de 1812 estuvo en vigor durante breves espacios de tiempo (de 1812 a 1814 y de 1820 a 1823). El Código Penal de 1822, aprobado durante el trienio liberal, protegía penalmente la religión oficial con una extrema intolerancia religiosa. A título de ejemplo citamos algunos artículos de este Código Penal: artículo 227: “Todo el que conspire directamente y de hecho a establecer otra religión en las Españas, o a que la Nación Española deje de profesar la religión católica apostólica romana, es traidor, y sufrirá la pena de muerte”; artículo 229: “El que de palabra o por escrito enseñare o propagare públicamente doctrinas o máximas contrarias a alguno de los dogmas de la religión católica apostólica romana, y persistiera en ellas después de declaradas tales con arreglo a la ley por la autoridad eclesiástica competente, sufrirá la pena de una a tres años de reclusión, quedando sujeto por otro más a la vigilancia especial de las autoridades. Si fuere extranjero no católico el que cometiere este delito, se le impondrá una reclusión o prisión de cuatro á diez y ocho meses, y después será expelido para siempre de España”; artículo 230: “El que sin licencia el ordinario eclesiástico respectivo, o sin observar en su caso lo dispuesto por la ley, diere a luz en España por medio de la imprenta algún escrito que verse principal o directamente sobre la sagrada escritura y sobre los dogmas de la religión, perderá todos los ejemplares impresos, y pagará una multa de diez a cincuenta duros, o sufrirá en vez de la multa un arresto de veinte días a tres meses”; artículo 231: “Iguales penas se impondrán al que introduzca, venda o distribuya en España algún libro contrario a la religión, sabiendo que como tal se halla prohibido por el Gobierno con arreglo a las leyes”; artículo 232: “El que prohibido un libro por el Gobierno con aprobación de las Cortes y con arreglo a las leyes, como contrario a la religión, lo conservara en su poder sabiendo la prohibición, y no hallándose exceptuado por la ley, perderá el libro si se le aprehendiera, o deberá inutilizarlo en el acto a lo menos en la parte prohibida, y sufrirá además una multa de uno a cinco duros”.

            La Constitución de 1837 establece un cambio en la relación del Estado con el fenómeno religioso y aparece regulado en el artículo 11 de esta Constitución de 1837, con la siguiente frase: “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles”. Este artículo establece, simplemente, una mera constatación sociológica de que la religión católica es la profesada por los españoles; por lo tanto, y esto es lo relevante, no hay una declaración de confesionalidad doctrinal, supuesto que sí sucedía en la Constitución de 1812. Como consecuencia de la ausencia de declaración doctrinal se inicia un período de tolerancia religiosa. Fruto de esta aparente tolerancia religiosa algunos extranjeros no católicos se trasladan a España para iniciar sus labores de proselitismo religioso. Sin embargo, la realidad se aleja de esa tácita tolerancia religiosa. Un ejemplo lo encontramos en el libro titulado La Biblia en España de George Borrow. En este libro se describe que España es una tierra poco propicia para la tolerancia religiosa. Borrow como miembro de la Sociedad Bíblica británica se le niega el permiso para vender biblias en España.  El libro describe los viajes de Borrow, entre 1836 y 1840, por las tierras de España. Se publicó en 1843 y fue traducido al castellano por Manuel Azaña. Sobre las misiones protestantes durante este período la obra de Cárcel Ortí describe sus dificultades (2002, pp. 58-59).

            Una vuelta a postulados de confesionalidad doctrinal católica se produjo de nuevo con la Constitución de 1845, como refleja el artículo 11 de la misma. En concreto decía: “La Religión de la Nación española es la católica, apostólica y romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros”. El acercamiento a la Iglesia católica se plasma en el Concordato de 1851. Un Concordato que introducía una declaración de confesionalidad católica de carácter intolerante que se unía a los artículos siguientes (art. 2 y 3) donde se consagra el control ideológico, total, en manos de la Iglesia católica. Los tres primeros artículos de este Concordato disponían: artículo 1: “La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquier otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservara siempre en los dominios de Su Majestad Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones”; artículo 2: “En su consecuencia, la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas, de cualquiera clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin no se podrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe, y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas” y el artículo 3: “Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestara nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien, cuidaran todas las autoridades del Reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro o menosprecio. Su Majestad y su real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos”.

En los años siguientes se suceden dos proyectos que responden a la dualidad conservadores-progresistas y que no llegaron a promulgarse. El proyecto conservador de 1852 suprime toda referencia a los derechos individuales y recoge literalmente la fórmula de confesionalidad del Concordato de 1851. El proyecto progresista de 1856 recupera los conceptos de soberanía nacional y la declaración de derechos y vuelve a una declaración de confesionalidad sociológica junto a la tolerancia de otros cultos. En concreto, el artículo 14 de este proyecto constitucional disponía: “La Nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión”.

La realidad es que los extranjeros no pueden practicar su religión, ni en el ámbito privado. Las autoridades adoptaban medidas para impedir el establecimiento de iglesias evangélicas y la expulsión de los extranjeros no católicos, así como apresamiento de los pastores y responsables de las iglesias españolas. Así a título de ejemplo la carta de Manuel Matamoros fechada el 20 de mayo de 1863, tres años antes de morir en el exilio recogía: “He sido sentenciado a nueve años de presidio. Antes de que ésta llegua a vuestras manos estaré ya sepultado en aquella cloaca inmunda, los de Málaga han sido sentenciados a igual pena y Alhama y Trigo a siete años” (Blázquez, 2008, p. 18). O, el caso del clérigo de la Iglesia anglicana, Lewen S. Tugwell, que llega a Sevilla, en 1870, para hacerse cargo de la capellanía del consulado inglés, el vicecónsul será el presidente del Sevilla Football Club. Este clérigo se había refugiado en Gibraltar hasta la revolución del 1868, que como veremos inmediatamente reconoce la libertad religiosa en España.

Un mayor avance se encuentra en la Constitución de 1869. Esta Constitución es reflejo de la “Revolución” de 1868 y la plasmación normativa más clara de los postulados del liberalismo. Se reconoce, por primera vez, los derechos a la libertad de prensa, asociación (que se había reconocido en el Decreto de 20 de noviembre de 1868), reunión y la libertad de enseñanza; es decir, junto a las libertades individuales tradicionales, se garantizan los derechos colectivos. Con anterioridad a la aprobación de la Constitución, el Gobierno provisional ya se había manifestado sobre este particular, la Circular de 19 de octubre de 1868, del ministro de Estado a los agentes diplomáticos, consideraba irrenunciable la libertad religiosa aunque reconocía que España “ha sido y es una nación esencial y eminentemente católica”, sin embargo, criticaba los abusos cometidos por la religión católica, entre los que citaba: las guerras religiosas y el Tribunal de la Inquisición; por su parte, el Manifiesto del Gobierno provisional, de 25 de octubre de 1868, consagraba como programa político de los revolucionarios la libertad religiosa junto con las libertades de enseñanza, de expresión, de reunión, de asociación, política y señalaba que lo importante, en relación a la libertad religiosa, era creer y evitar la indiferencia religiosa, donde se expresaba con claridad una valoración positiva de lo religioso que tendría su reflejo en la legislación de este período.

La cuestión religiosa se reguló en el artículo 21 y es fruto del acuerdo entre las fuerzas políticas conservadoras, proclives a mantener la confesionalidad, y las progresistas, que defendían la separación entre Iglesia católica y el Estado. La redacción es la siguiente: “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquiera otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior”. Así, en este artículo, se mantiene el sostenimiento público del culto y del clero católico, a cambio de no incluir declaración de confesionalidad alguna, aunque se continúa regulando las instituciones regalistas más importantes.  En este artículo se produce la primera declaración de libertad religiosa de nuestra historia constitucional, aunque con una fórmula que se ha calificado como alambicada, vergonzante y simplemente, hipotética, al referirse, en primer término, a los extranjeros. En definitiva, se admite, por primera vez, la existencia de españoles no católicos y se les conceden y garantizan ciertos derechos, que suponen algo más que una simple postura de tolerancia, por ser expresión clara de una cierta libertad de cultos que pueden ser ejercitados pública o privadamente. Además, se sanciona la imposibilidad de discriminación de los españoles en sus derechos civiles y políticos por motivos religiosos (art. 27).  La libertad religiosa tenía una protección específica en el Código Penal de 1870 a través de una sección sobre los delitos relativos al libre ejercicio de los cultos (artículos 236 a 241). Los artículos 236 a 238 situaban la protección penal en torno a la libertad religiosa y los restantes en la protección de los sentimientos religiosos. Este Código Penal va a seguir vigente también durante el período constitucional siguiente (Constitución de 1876), como indicaremos más adelante (Rodríguez García, 2000).

Durante la Primera República se elaboraba un proyecto constitucional, del año 1873, donde se reconoce la libertad religiosa, el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas y la prohibición de financiación de las confesiones religiosas. En concreto; el artículo 34: “El ejercicio de todos los cultos es libre en España”; artículo 35: “Queda separada la Iglesia del Estado” y el artículo 36: “Queda prohibido a la Nación o al Estado federal, a los Estados regionales y a los Municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto”. Además, durante este período también se elabora el proyecto de Ley de separación Iglesia-Estado de 1 de agosto de 1873.

La libertad religiosa reconocida en la Constitución de 1869 permitió, entre otras cosas, la instalación de templos de otros cultos y la divulgación de textos sagrados sin la censura de la Iglesia católica como reconoce la Orden de 3 de octubre de 1869 sobre la libre circulación de biblias protestantes.

La Constitución de 1876, en su artículo 11 disponía que: “La religión católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado”. Este artículo restablece la confesionalidad católica doctrinal que, evidentemente, es incompatible con la libertad religiosa que es sustituida por la mera tolerancia de otros cultos. Como consecuencia de esto no se permiten las manifestaciones públicas ni la propaganda de otras confesiones que no sean la católica. Dada la ambigüedad del artículo 11, de la Constitución de 1876, se dieron interpretaciones muy dispares de su alcance, según fuesen los gobiernos conservadores o liberales. Así, la Real Orden de 23 de octubre de 1876, que redactó Cánovas, por lo cual algún autor la considera “interpretación auténtica del texto constitucional” (Del Castillo, 1919, p. 39). Esta Real Orden recogía: “se permite el ejercicio d cualquier culto que no se oponga ni contradiga a la moral cristiana. Bien claro está, por consiguiente, que el Estado protege la Religión católica, que es la suya, pero que al mismo tiempo admite y establece la tolerancia de cultos, garantizando el ejercicio de ese derecho contra toda clase de agresiones” reconociendo esta tolerancia religiosa tanto a españoles como a extranjeros y, en consecuencia, prohibía “todo acto ejecutado sobre la vía pública o en los muros exteriores del templo o del cementerio, que dé a conocer las ceremonias, ritos, usos y costumbres del culto disidente, ya sea por medio de procesiones o letreros, banderas, emblemas, anuncios y carteles”. Aquí la palabra manifestación se entendía en su acepción ordinaria y normal, esto es como acción de exponer o dar a conocer algo oculto, recalcaba esta Real Orden. Un ejemplo de las dificultades para la construcción de una iglesia anglicana en Barcelona es descrito por Rodes (2001, pp. 43-55). No obstante, durante este período sigue vigente el Código Penal de 1870 donde se protegía la libertad de cultos (sin que se produzca su modificación) lo que provoca una lógica incongruencia con la Constitución de 1876.  En sentido, por ejemplo, el Tribunal Supremo protegía y permitía la crítica científica y racional contra los dogmas de la religión católica, a pesar del principio de confesionalidad doctrinal católica. E incluso, el Tribunal Supremo considera que no es punible publicar un artículo periodístico en donde se asevera que no existe Dios (STS de 4 de noviembre de 1911).

Un ejemplo que aúna la protección consular del ejercicio del culto no católico, la presencia británica en España y sus posibilidades de ejercer libremente su religión se encuentra en una historia que se relata en un artículo periodístico publicado en el Diario de Jerez, titulado: “El negocio del jerez y la religión. Católicos contra protestantes en Jerez. La actitud del vicecónsul Gordon casi provoca un incidente diplomático”, (Simó, 2013). En este artículo se da cuenta de que, a mediados del siglo XIX, el vicecónsul de la colonia británica en Jerez, Charles Peter Gordon, de religión católica, no solía tener tratos con los sacerdotes protestantes y le disgustaban las creencias heréticas de sus compatriotas. Sin embargo, como vicecónsul tenía la obligación de proporcionar un lugar donde los protestantes británicos pudiesen rendir culto cuando un sacerdote itinerante visitase el distrito, pero Gordon se negó rotundamente a ello. Este hecho llegó incluso a ser debatido en el Parlamento inglés y a punto estuvo de convertirse en un serio incidente diplomático entre España y el Reino Unido. En concreto, sir Robert Keel expuso en la Cámara de los Comunes la falta de libertad de los protestantes británicos para ejercer el culto en España. Esta situación se complica cuando varios súbditos británicos se reunieron en un domicilio particular, de Charles Harman Furlong, para celebrar actos religiosos que dirigía el reverendo Cooke, capellán británico en El Puerto y Jerez. El alcalde de Jerez solicita que cesen de realizar actos religiosos no católicos, de la Iglesia anglicana, porque estaban prohibidos. Los reunidos solicitan amparo al vicecónsul Gordon, que los despachó con una carta en la que indicaba que las leyes españolas eran muy estrictas y prohibían el culto que no fuera el de la Iglesia católica bajo pena de prisión, como hemos expuesto más arriba. Entretanto, Peel seguía criticando la actitud del vicecónsul Gordon en la Cámara de los Comunes: “Por ejemplo –decía—, nuestro vicecónsul en Sevilla es un católico romano: sin embargo, su salón está abierto a residentes británicos en esa ciudad. Otro de nuestros cónsules realmente ha instalado una capilla para la celebración de los servicios de la iglesia. Sin embargo, a pesar de estos ejemplos, el vicecónsul Gordon prohíbe a nuestros conciudadanos de su jurisdicción (unos 700 en el sur de España) no sólo a entrar en su casa sino ejercer los ritos de su religión bajo la bandera británica”. En 1861, Gordon fue destituido del cargo. Cargo que desempeñó Furlong hasta 1868.

Con todo lo expuesto hasta aquí se puede establecer una comparación entre la presencia de británicos no católicos en España antes del año 1868 con la presencia de éstos en los años posteriores. Sin ningún género de dudas el hecho de que los británicos no católicos pudieran practicar su religión sin ser perseguido fue un factor que incidió en el aumento de su presencia en las tierras de España, no el único, pero sí muy importante.  

4. A modo de conclusión

El origen del fútbol en España, los primeros partidos, los primeros clubs, tienen una relación directa con la presencia de británicos, especialmente ingleses, en España. Esta presencia de británicos fue incentivada por normas que favorecían la inversión extranjera pero el establecimiento de colonias británicas, en nuestro país, en sectores vinculados con el incipiente proceso de industrialización de España no hubiera sido posible sin permitir, al menos, una cierta tolerancia en el ejercicio del culto anglicano y presbiteriano. En estas colonias mineras junto al club, que facilitó la práctica del football, se construía también la iglesia del culto anglicano o presbiteriano, como hemos destacado en el cuerpo de este artículo. ¿El fútbol se hubiera desarrollado en España sin libertad o tolerancia religiosa? Seguramente sí, pero sin estar vinculado a su origen inglés y posiblemente más tarde en el tiempo. Y, se habría introducido a través, por ejemplo, del ámbito académico como los casos de Asturias (Díaz Gutiérrez, 2015) y, de Portugal con la Académica de Coimbra, en el año 1887. En este sentido, en 1924, se publica el libro Fútbol. Association y Rugby que recogía las siguientes palabras: “Hacia 1898 es cuando comienza a jugarse al fútbol en España. Los introductores fueron, en casi todas las provincias, jóvenes que habían hecho sus estudios en Inglaterra, y Suiza, empleados de oficinas inglesas y en alguna parte profesores universitarios enamorados de los métodos e ideales pedagógicos de las Universidades de Oxford y Cambridge” (Franco, 2016). Si bien como hemos puesto de manifiesto en este artículo y como indica Franco (2016) esas palabras no se aproximan a la realidad histórica. Son los ingleses que se asientan en España los que propician el origen del fútbol en nuestro territorio.

5. Referencias

• Alba, E. (2016). Jerez, pionera del foot-ball en España, en La Futbolteca. Enciclopedia del Fútbol Español.
• Alba, E. (2018). Breve Historia del Fútbol en Jerez: Luces y sombras del xerecismo, Independently published.
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La primera década del siglo XXI heredó la tensa confrontación entre los clubs más poderosos y la UEFA que quedó reflejada en las diversas modificaciones en el formato de la máxima competición europea. El primer cambio significativo, en la edición 2003/04, trajo la sustitución de la segunda fase de grupos por unos octavos de final a eliminatoria directa, con lo que hubo una reducción del número de partidos. Con ello se aliviaba la carga de partidos para los jugadores que compartían los clubs con sus respectivas selecciones nacionales. En la edición 2009/10 tuvo lugar una recomposición en reparto de plazas fijas para la fase de grupos en la que se daba preferencia a las tres ligas más fuertes que inscribían directamente sus tres primeros clasificados. A su vez, en esa temporada se estableció dos vías en las eliminatorias previas: por un lado se enfrentaban los campeones de liga para completar cinco plazas y por el otro, para ocupar otras cinco plazas, los equipos no campeones de las ligas mejor puntuadas en el ranking quinquenal de la UEFA.

La diferencia entre las grandes ligas y las demás iban aumentando con el paso de los años. Incidían las recompensas económicas por llegar a la rondas finales y los cambios introducidos en el formato de la competición. Los datos así lo confirman:

A lo que añadimos que de las diez ediciones nueve fueron ganadas por equipos de las cuatro federaciones más fuertes. Solo el Oporto portugués fue capaz de interferir en ese dominio tan aplastante, que se refleja en el número de clubs que llegaron a las finales: con 4, Inglaterra (Liverpool, Manchester United, Arsenal y Chelsea) y con 3, Italia (Milan, Inter y Juventus) y España (Barcelona, Real Madrid y Valencia).

FINALES DE LA COPA DE EUROPA 2000-2010

En estas diez finales, la igualdad en los marcadores fue casi una constante. Hasta cuatro acabaron resolviéndose por los penaltis, fatídico juez que se decanta casi caprichosamente para otorgar la gloria a unos y la sombra del subcampeonato a otros cuando sobre el terreno la diferencia entre ambos contendientes había quedado neutralizada en el marcador. Además hubo tres ediciones que se decidieron por un gol de diferencia. En lado opuesto estaban la goleada del Oporto al neófito Mónaco o los claros 2-0 del Barcelona y el Inter ante el Manchester United y el Bayern Múnich respectivamente.

Ningún campeón fue capaz de repetir triunfo consecutivo aunque sí hubo dos equipos que ganaron la Champions en dos ocasiones: Milan y Barcelona. El Manchester United estuvo cerca de lograrlo pero cayó en la final de Roma tras haber vencido la edición anterior. Con esto se confirmaba lo difícil que era mantener un máximo rendimiento en los distintos frentes competitivos como son la Copa de Europa y los campeonatos nacionales de Liga y Copa.

Después del antecedente español en que Real Madrid y Valencia se encontraron en la final de París en 2000, Italia e Inglaterra también vivieron duelos entre nacionales en 2003 y 2008, decididos ambos en los penaltis.

Como ya se ha señalado, solo el Oporto fue capaz de alcanzar la final, y ganarla, procediendo de una liga europea del segundo grupo. Por federaciones, Italia se llevó la palma con tres campeonatos y dos finalistas. España también ganó tres veces, con un subcampeonato, el del Valencia que lo hacía de manera consecutiva tras haber perdido la edición anterior. Sin embargo Inglaterra fue la que colocó más veces equipos en la final –hasta 6- aunque en solo dos ocasiones alcanzaron el triunfo. Y finalmente, como curiosidad hay que señalar que el Bayern abrió la década ganando la primera final y la cerró perdiendo la última.

Esta reiteración en la presencia de los equipos más fuertes del continente servía para confirmar que el reparto económico que hacía la UEFA entre los equipos participantes reducía mucho las opciones y acrecentaban las diferencias de potencial entre las plantillas de los grandes y de los más modestos. Así vemos al Milan en tres finales, y al Barcelona, Bayern, Liverpool y Manchester United en dos.

PARTICIPACIÓN EN COPA DE EUROPA POR PAÍSES 2000-2010

(En el capítulo anterior se facilitó la tabla correspondiente al período 1955-2010)

Por países Inglaterra fue el más destacado de la década. Ya se vio en el hecho de haber colocado a sus representantes en seis ocasiones en la final. Con sus números encabezó por primera vez una década de la Copa de Europa, desplazando a Italia, que era la que había mandado en las dos décadas anteriores. Nunca antes Inglaterra había comandado una década en la Copa de Europa, aunque a punto estuvo de hacerlo en la de los años 80, alterada por la sanción que recibieron sus clubs tras la final de Heysel. Esta superioridad inglesa también se vio reflejada en el ranking quinquenal de la UEFA, que al liderarlo desplazaba a Alemania de la tercera posición. Los ingleses, de esta manera optaban a cuatro plazas, al igual que España e Italia en detrimento de los germanos.

En la 2007/08 participaron por primera vez los campeones de Andorra y San Marino, además de los de Serbia y Montenegro, que lo hacía por separado por primera vez al finalizar el proceso de disolución de la antigua Yugoslavia.

El Manchester United lidera el ranking por clubs de la década 2000-2010

Foto oficial de la plantilla del Manchester United FC de la temporada 2007/08 en la que se proclamó campeón de la Champions League al derrotar al Chelsea FC en la tanda de penaltis.

El Manchester United fue uno de los siete equipos que participó en las diez ediciones que ocupa la década 2000-2010. Un título, un subcampeonato, dos veces semifinalista, tres cuartofinalista, dos veces más llegó a octavos y solo en una ocasión, temporada 2005/06, cayó en la fase de grupos. Con estos datos el Manchester United fue el equipo que más puntos sumó en la década, por encima del FC Barcelona o el AC Milan que consiguieron ganar la máxima competición en dos ocasiones. Los otros seis equipos omnipresentes de la década en la Champions League fueron Real Madrid (un triunfo, 2001/02), Arsenal FC (un subcampeonato, 2005/06), Olympiakos El Pireo, Olympique de Lyon, Dynamo de Kiev y Shakhtar Donetsk.

Esta fue la trayectoria en estos diez primeros años del siglo XXI de los seis mejores clubs del ranking de la Liga de Campeones:

Arsenal y Real Madrid fueron los dos únicos clubs que participaron en las diez ediciones y en las diez pasaron la primera fase de grupos. Los octavos de final se convirtieron en una barrera infranqueable para los madridistas en los seis últimos años, privándoles de unos mejores números a los que aspiraban, máxime si se tienen en cuenta las tres primeras ediciones en que cayeron en semifinales cuando no quedaron campeones.

CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS 2000-2010

(En el capítulo anterior se facilitó la tabla correspondiente al período 1955-2000)

En negrita los mejor clasificados de cada país.

Jugadores de equipos españoles 2000-2010

FC Barcelona en la final de Roma 2009. Fila posterior: Yaya Touré, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Sylvinho Mendes, Samuel Eto’o y Víctor Valdés. Fila anterior: Leo Messi, Thierry Henry, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Carles Puyol.

El Barcelona, con sus dos triunfos, fue el equipo español que mejor rendimiento tuvo en la década 2000-2010, por encima del Real Madrid, pese a que los azulgranas faltaron a una edición por ninguna los madridistas.

Con estos números se puede decir que Xavi Hernández, del Barcelona, fue el jugador español más destacado con 86 partidos jugados, seis goles y dos títulos europeos. Con el mismo número de partidos y triunfos está su compañero Carles Puyol. También hay que señalar entre los destacados al portero del Real Madrid Iker Casillas que con 91 presencias fue el jugador español que más partidos jugó en estos diez años.

Si se habla de goleadores Raúl hizo crecer su leyenda con 46 goles en sus 90 partidos jugados. Con ellos sumaba 67 goles en sus 14 participaciones en la Copa de Europa y desbancaba de la primera posición histórica al mítico Alfredo Di Stéfano aunque ya aparecía Leo Messi con unos números espectaculares: 25 goles en 44 partidos… y una década por delante.

TODOS LOS JUGADORES DE EQUIPOS ESPAÑOLES 2000-2010

No se tienen en cuenta sus actuaciones con equipos extranjeros

JUGADORES CON MEJOR PALMARÉS 2000-2010

JUGADORES CON MÁS PARTICIPACIONES 2000-2010